La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) realizó una evaluación preliminar tras recibir una denuncia sobre una presunta irregularidad en la custodia de armas de fuego en una instalación de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). Se alegó que un militar con acceso a la bóveda retiraba armas para uso personal de forma recurrente. La Oficina del Inspector General intentó entrevistar al promovente, pero este no compareció ni respondió a gestiones posteriores. También solicitó información sobre controles internos, inventarios y procedimientos de custodia del armamento, pero restricciones federales limitaron el acceso a documentación relevante. La Guardia Nacional de Puerto Rico certificó que inspecciones realizadas entre 2020 y 2025 no identificaron deficiencias. No obstante, la información disponible no permitió corroborar ni descartar la alegación, por lo que la Oficina del Inspector General concluyó la evaluación y refirió el asunto a las autoridades competentes.