Me enorgullece presentar ante ustedes la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la cual fue creada en virtud de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada y conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”. Nuestra oficina tiene como meta promover las mejores prácticas administrativas y la óptima utilización de los recursos del Gobierno de Puerto Rico.
En la OIG creemos en actuar con proactividad y en la unión de esfuerzos colaborativos que nos permitan convertirnos en agentes de cambio y lograr procesos de mejora continua en nuestras operaciones y en la ejecución de nuestra labor.
Al implementar las facultades conferidas mediante la Ley Núm. 15-2017, nos enfocamos en lograr los óptimos niveles de integridad, honestidad, transparencia, efectividad y eficiencia en el servicio público.
Cada uno de los que componemos la OIG tiene un rol importante en la ejecución de nuestra misión. Juntos, nos mantendremos trabajando proactivamente hacia el cumplimiento de nuestras metas, mediante la educación, prevención, y fiscalización en beneficio de todos los ciudadanos de Puerto Rico.
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) es la entidad encargada de promover la transparencia, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos en el Gobierno de Puerto Rico. Creada bajo la Ley Núm. 15-2017, nuestra misión es prevenir, fiscalizar e investigar actos que comprometan la integridad gubernamental, fomentando una gestión pública comprometida con la excelencia y el servicio a los ciudadanos.
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico es un organismo gubernamental comprometido con la promoción de una administración pública eficiente y transparente en Puerto Rico. Reconocemos que es política pública fomentar y lograr que nuestras instituciones públicas provean servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía. Para alcanzar ese objetivo, somos parte integral de los organismos y programas dirigidos a promover una sana administración pública mediante la fiscalización efectiva del uso de los fondos y la propiedad del Gobierno.
En este contexto, surge la figura del Inspector General, inspirada en la legislación federal de los Estados Unidos, y cónsono con la tendencia de política pública estatal de contar con la figura del Inspector General en su andamiaje gubernamental. No obstante, la figura del Inspector General se remonta al siglo XVII en Europa Occidental. Los Estados Unidos adoptaron el modelo europeo y en 1777 se nombró al primer Inspector General Militar. Ya para el 1952, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos nombró a un Inspector General, y a partir de esta fecha se siguió reconociendo la importancia de la figura del Inspector General en el Gobierno. De 1978 al 2016 se han creado leyes y reformas estatutarias que, en síntesis, establecen que los Inspectores Generales tienen derecho a un acceso completo y rápido a los registros de las agencias, eliminando así cualquier duda sobre si las agencias están legalmente autorizadas a revelar información potencialmente sensible a los inspectores. De igual forma, las distintas jurisdicciones estatales en los Estados Unidos han replicado el modelo federal, estableciendo la figura del Inspector General a las estructuras locales.
Nuestra organización se rige por la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico". Nuestro objetivo principal es prevenir y detectar el fraude y promover una sana administración gubernamental. Trabajamos de manera proactiva, realizando estudios, exámenes y evaluaciones necesarias para medir, mejorar y aumentar la efectividad, la eficacia y la economía en el funcionamiento de las entidades gubernamentales. Además, asesoramos a las agencias en el desarrollo de procedimientos gerenciales que promuevan la economía y la eficiencia en la administración pública.
Para lograr nuestros objetivos de manera efectiva y al menor costo posible, se dispuso la transferencia del personal y equipo de las oficinas de auditoría interna existentes en las diferentes agencias y departamentos del Gobierno de Puerto Rico a nuestra organización. Esto nos permite tener una visión integral de los esfuerzos del Gobierno en materia de auditoría y fiscalización, a la vez que optimizamos los recursos disponibles.
Los cambios estructurales han sido un reto que desde el inicio afrontamos con entusiasmo. Hoy podemos afirmar que contamos con una ejecutoria sólida, un ambiente de trabajo saludable, y un recurso humano capacitado para cumplir con la encomienda que nos fue delegada. Entendemos la importancia de la independencia administrativa y la integridad en nuestras funciones. Trabajamos en colaboración con otras entidades fiscalizadoras -estatales y federales- para garantizar la correcta inspección de los fondos y la propiedad públicos. Nuestro compromiso es erradicar la corrupción y promover los más altos niveles de transparencia y eficacia gubernamental.
En resumen, somos la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, una entidad comprometida con la sana administración pública, la fiscalización efectiva y la lucha contra el fraude de forma preventiva. Trabajamos de manera independiente y colaborativa para garantizar la excelencia y la calidad en los servicios públicos, en beneficio de todos los ciudadanos de Puerto Rico. Nuestras puertas están abiertas al servicio de la ciudadanía, y contamos con diversos recursos para garantizar nuestra respuesta ante cualquier situación donde la administración pública no sea cónsona al estándar que nos fue delegado garantizar.
Para más información sobre la Oficina del Inspector General puede acceder a los recursos de esta página o comunicarse al (787)679-7997.
La Oficina del Inspector General está regida por cinco valores fundamentales
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Promulgar toda la política pública facultada mediante la Ley Núm. 15 de 2017, así como velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y acciones necesarias en coordinación con las demás áreas y departamentos.
La Oficina de Informática de la OIG promueve la transparencia y el acceso a la información pública mediante plataformas digitales que facilitan el acceso a informes y recursos clave. Más allá del soporte técnico, actúa como un aliado estratégico en la lucha por una gestión pública más íntegra, eficiente y libre de corrupción.
Realiza funciones jurídicas con el propósito de hacer cumplir las disposiciones de la Ley Núm. 15-2017, y de los Reglamentos adoptados en virtud de esta. Ofrece servicios legales sobre intervenciones y procesos concernientes a estas, realiza análisis de leyes, reglamentos, jurisprudencia y de hechos relacionados con las situaciones y casos en curso. Igualmente, sirve de apoyo a la estructura organizacional de la OIG y asesora a la Inspectora General en la aplicación de normas sobre los asuntos programáticos.
Identifica las necesidades de personal de la OIG para colaborar y asesorar en los procesos de selección, desarrollo y retención de los empleados. La meta de esta oficina es que cada empleado alcance los estándares de productividad y calidad establecidos, aporte al mejoramiento y desarrollo de la OIG, se adapte a una cultura de cambio y aprendizaje continuo, a la vez que logra sus metas individuales a través del servicio público.
Dirige y supervisa las unidades operacionales en asuntos tales como contabilidad, finanzas, compras, servicios generales, presupuesto, nómina, propiedad e inventario, así como otras tareas que le sean conferidas o delegadas.
Está a cargo de recibir los referidos, quejas y planteamientos sobre irregularidades en las operaciones de las entidades cubiertas por la Ley Núm. 15-2017, supra.; los cuales son atendidos de conformidad con nuestra reglamentación. Además, se le han delegado funciones para realizar evaluaciones e investigar eventos específicos que aparentan ser desviaciones de ley; afectando así la sana administración de fondos públicos.
Está dirigida a intervenir de forma preventiva en las entidades gubernamentales bajo la jurisdicción de la OIG. Entre las responsabilidades del Área están el realizar auditorías previas, estudios, exámenes y evaluaciones que sean necesarias para medir, mejorar, y aumentar la efectividad, la eficiencia y la economía operacional de dichas entidades.
Tiene como encomienda ofrecer y requerir a los empleados públicos que, se capaciten y participen en adiestramientos en materias de auditoría, control y cumplimiento de sana administración pública, y prevención de ineficiencias e irregularidades, entre otras. Además, es responsable de establecer un sistema de mejoramiento profesional con miras a aumentar la efectividad del personal de la OIG.
La OIG posee otros departamentos o áreas bajo su estructura organizacional entre los que se encuentran: Comité de Subastas, Oficina de Auditoría Interna, Comité de Ética, entre otros. Los Oficiales de Información de la entidad son: el Lcdo. Francisco J. Rodríguez Pina, francisco.rodriguez@oig.pr.gov, Lcdo. Emanuel Laboy López, emanuel.laboy@oig.pr.gov y Lcdo. Ricardo Pitre Yulfo, ricardo.pitre@oig.pr.gov.