La Oficina del Inspector General de Puerto Rico evaluó el manejo del fondo de caja menuda del Departamento de la Vivienda y detectó múltiples deficiencias de control interno, incluyendo reembolsos improcedentes, gastos no elegibles, compras fraccionadas, desembolsos sobre el límite permitido, ausencia de autorizaciones previas, falta de arqueos y carencia de procedimientos internos. Estas situaciones generaron costos cuestionados por $1,239.89 y riesgos de uso inadecuado de fondos públicos. La Oficina del Inspector General de Puerto Rico recomendó fortalecer los controles, formalizar la normativa interna y corregir las deficiencias identificadas.

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