La investigación de la OIG reveló que el Departamento de Salud otorgó once contratos de servicios profesionales para realizar funciones equivalentes a puestos regulares de intervención fiscal, sin justificar la ausencia de recursos internos ni la necesidad de peritaje especializado. Además, se identificó que cinco empleados transitorios realizaban funciones permanentes por años —algunos por más de una década— sin acciones administrativas para su regularización, contrario a la Ley 96‑2023 y a las políticas de recursos humanos aplicables. La investigación concluye que el DS incumplió requisitos legales sobre contratación, reclutamiento y clasificación de puestos, exponiendo a la agencia a riesgos operacionales, pérdida de transparencia y posibles reclamaciones. Se ordena la implantación de medidas correctivas, incluyendo revisión de contratos, análisis de necesidad institucional y evaluación del estatus de empleados transitorios.

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