La OIG realizó un examen sobre la contratación y el uso de una plataforma tecnológica privada en el Departamento de Salud entre 2022 y 2025. Se identificaron deficiencias significativas: contratos de tecnología otorgados sin la aprobación obligatoria de PRITS, servicios prestados sin contar con un contrato vigente, costos cuestionados por más de $6M, ausencia de fiscalización sobre seguridad y respaldo de datos, incumplimiento con requisitos de la ASG (RUP/RUL), falta de pago conforme a cláusulas contractuales, incumplimiento con la notificación del nombramiento del Oficial Principal de Informática y falta de actualización del Reglamento 5975 tras 26 años. Los hallazgos reflejan fallas en gobernanza tecnológica, controles internos, supervisión, cumplimiento legal y manejo de datos.

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