La Oficina del Inspector General evaluó un planteamiento sobre la redistribución de fondos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para sus instituciones correccionales. La redistribución ocurrió tras el cierre de varias instalaciones incluidas en una contratación, y la evaluación cubrió de julio de 2021 a julio de 2026. Tras examinar el contrato, sus enmiendas, las facturas y los pagos, no encontró evidencia de fraccionamiento de compras, pagos retroactivos, incumplimiento en el arrendamiento de equipos ni uso irregular de fondos públicos. La Oficina del Inspector General no se expresó sobre el caso civil entre la Compañía A y el DCR, cerró el trámite administrativo y se reservó la facultad de actuar en el futuro.

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