La investigación de la Oficina del Inspector General surgió por una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en la contratación de personal en la Oficina de Asistencia Económica de la CCMPR. Aunque no se encontraron incumplimientos en los requisitos para ocupar los puestos, la Oficina del Inspector General identificó que la entidad continuó utilizando la clasificación de empleado irregular después de que la Ley Núm. 96-2023 la eliminara y estableciera la categoría de empleado transitorio para contrataciones por término fijo. Se detectaron 60 contratos vigentes bajo la clasificación incorrecta. El informe concluyó que la CCMPR incumplió la ley, exponiéndose a riesgos laborales, por lo que se recomendaron medidas correctivas para revisar contratos, actualizar reglamentos y asegurar el cumplimiento legal.

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