La OIG recibió una confidencia sobre una empleada del CESCO de Hatillo que supuestamente cobró por renovar licencias a personas sin cumplir requisitos médicos. La investigación reveló que no existe un CESCO en Hatillo y que la renovación fue procesada en Manatí por otra empleada. El ciudadano cumplía con todos los requisitos, incluyendo certificación médica válida. No se identificaron faltas administrativas, éticas ni penales. Se recomendó concluir el trámite sin acción adicional.