OIG ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación- recobre más de $2 millones a compañía que administra programa de salud correccional

(San Juan, Puerto Rico)- Un examen de laOficina del Inspector General (OIG), reveló que el Departamento de Corrección yRehabilitación (DCR), pagó más de $2 millones en exceso a lo estipulado a uncontrato de servicios a una compañía privada que administra el sistema de saludcorreccional.

El examen cubrió el periodo de 1 de septiembrede 2018 al 13 de diciembre de 2024, y se evaluaron 264 facturas por$74,319,813.31, correspondientes a los servicios de administración del PSC, desalud mental de los Programas Instituciones Juveniles (NIJ) y Rehabilitación yTratamiento (PRT), y Medical Liaison Officer (MLO).

Como parte de las deficiencias en el contrato 2019-000-055, con vigencia desde el 1 deoctubre de 2018 hasta 30 de septiembre de 2023, se pactó por la cantidad de $54,040,750.38,pero la agencia desembolsó $56,885,000.40 al contratista, lo que representa unadiferencia de $2,844,250.02, en pagos en exceso.

La OIG emitió una Orden al DCR, a los fines desolicitar que se proceda con el recobro de los fondos y con la presentación defacturas en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.

En informe la OIG además, cuestionó sobre $139millones en contratos, luego de realizar una amplia evaluación sobre laadministración del Programa de Salud Correccional (PSC), que identificóincumplimientos con leyes y reglamentaciones, y múltiples deficiencias encontroles internos relacionados a la contratación de servicios.

Al menos 174 del total de las facturasevaluadas, no detallaban los servicios ofrecidos, toda vez que los datoscontenidos en las facturas eran idénticos entre sí, en contravención a losrequisitos establecidos en el acuerdo entre el DCR y el contratista. El examenseñaló que los informes de labores presentaban contenido repetitivo, conregistros idénticos de horas trabajadas y el uso del término “aproximado” paradescribir la distribución de horas por cada servicio prestado.

“Esta uniformidad en la presentación de lainformación evidencia una falta de variabilidad en la documentación de losservicios facturados, lo que impide una evaluación precisa de la laborrealizada y la justificación de los pagos correspondientes. El DCR pagó estasfacturas sin documentar la verificación de la autenticidad de los informes nila calidad de los servicios provistos, ya que estos no se presentaron de formaclara, detallada y específica”, indicó el examen de la OIG.

Además, el examen constató que la poblacióncorreccional se redujo significativamente a menos de 9,000 confinados durantela vigencia de uno de los contratos, lo que debió haber conllevado unareducción proporcional en la compensación al Contratista 1, conforme a lacláusula contractual aplicable.

“Sin embargo, el DCR continuó pagando lacompensación máxima establecida, sin evidencia de negociaciones o enmiendaspara ajustar el pago según la población real”, anotó el informe.

De igual manera, una contratación iniciada enoctubre de 2023, estableció un umbral aún más bajo de 6,500 confinados antes deaplicar reducciones de pago, con incrementos automáticos en la compensacióncada dos años, sin justificación aparente. El examen de la OIG también detallóhallazgos relacionados con pagos por servicios facturados sin contrato,contrataciones sin los avisos públicos requeridos por la normativa aplicable,deficiencias con efecto material en el proceso de solicitud de propuestas y laausencia de reglamentos requeridos por ley.

Se identificaron contrataciones sin un procesoabierto, competitivo y público, tanto para los servicios de salud mental comopara la entidad administradora del PSC y el MLO. Asimismo, se evidenciaronpagos en exceso por servicios sin enmienda contractuales, desembolsos sinretenciones contributivas y cláusulas de compensación deficientes que nogarantizan el uso eficiente de los fondos públicos”, destacó el informe de laOIG.

En los hallazgos, se identificó dos contratosadjudicados sin la debida autorización de la Oficina de Gerencia de Presupuesto(OGP). El informe identificó un primer contrato con vigencia del 1 de octubrede 2018 al 30 de septiembre de 2023, que únicamente contó con la aprobación dela OGP para el año fiscal 2018-2019. Durante el examen, el DCR no logrópresentar evidencia de la autorización de la OGP para los años fiscalessubsiguientes, en los cuales la agencia pagó sobre $48 millones por serviciosfacturados. Asimismo, se identificó un segundo contrato, ascendente a más de$508 mil, que tampoco contó con la debida autorización de la OGP.

El examen de la OIG incluyó múltiplesrecomendaciones adicionales al DCR, entre ellas: fortalecer los controlesinternos, mejorar los procesos de contratación y gestionar los análisiscorrespondientes para implementar las medidas correctivas necesarias, incluyendoel recobro a los contratistas.

Cualquier persona que tenga información sobreacciones que pongan en riesgo el uso adecuado de fondos públicos puedecomunicarse con la línea confidencial de la OIG al (787) 679-7979 o a travésdel correo electrónico informa@oig.pr.gov.

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