
San Juan, Puerto Rico –La Oficina del Inspector General (OIG) publicó un nuevo informe en el que detalla el pago irregular de más de $110,000 en horas extras y tiempo compensatorio federal en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR). Como resultado, la OIG ordenó al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y al NPPR el recobro de las cuantías desembolsadas.
Según la investigación, los pagos ascendieron a $54,246.86 y $60,078.92, beneficiando al excomisionado y a un excomisionado asociado, respectivamente, durante el período entre enero de 2022 y abril de 2025, aunque estos no procedían.
“Ambos funcionarios ocupaban puestos de confianza clasificados como exentos bajo la Ley Núm. 26-2017, la Ley Núm.20-2017 y la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo(FLSA). Las funciones justificadas para dichos pagos, tales como coordinación, supervisión y representación, son inherentes a sus cargos ejecutivos y no constituyen tareas operacionales”, estableció el informe.
El pago de horas extras y la acumulación de tiempo compensatorio otorgados a estos funcionarios constituye una erogación contraria a derecho, en violación de la Ley Núm. 26-2017, la Ley Núm. 20-2017, la Ley Núm. 8-2017, la FLSA y la normativa interna aplicable. Las funciones reportadas para justificar los pagos corresponden a tareas ordinarias del puesto, lo cual refuerza la improcedencia de los pagos realizados.
Además, la OIG identificó que ambos funcionarios solicitaron el disfrute de sus licencias acumuladas, incluyendo licencias por enfermedad y sus excesos, previo a la efectividad de sus renuncias. La División de Licencias del NPPR certificó los períodos para agotar dichas licencias, sin que conste evidencia de condiciones de salud u otras circunstancias que justifiquen su utilización.
De conformidad con la Ley Núm. 8-2017 y la Ley Núm. 26-2017, la licencia por enfermedad solo puede utilizarse en casos de enfermedad, incapacidad o situaciones excepcionales debidamente evidenciadas.
La OIG emitió una orden para garantizar que el DSP y el NPPR recuperen de forma efectiva las cuantías cuestionadas, y además requirió la suspensión inmediata de cualquier pago de licencias por enfermedad concedidas a estos funcionarios como parte de su renuncia programada, sin evidencia de condiciones de salud ni certificación médica. De haberse realizado pagos por este concepto, la OIG ordenó también su recobro.
Asimismo, la OIG recomendó la revisión y anulación de cualquier autorización vigente que permita la concesión de horas extras o tiempo compensatorio a funcionarios de confianza en violación de la normativa aplicable. También requirió la emisión de una directriz para prohibir el pago de horas extras y tiempo compensatorio a funcionarios exentos, salvo en aquellos casos expresamente autorizados por ley, y que establezca criterios claros para la identificación de personal exento.
Por otro lado, la OIG recomendó la implementación de un programade orientación y capacitación administrativa sobre el cumplimiento con leyes fiscales, laborales y administrativas. El informe también detalló la necesidad de reforzar los controles internos y procedimientos de validación en el uso del Sistema Integrado de Tiempo y Asistencia (SITA).
Como parte de la investigación, la OIG revisó expedientes de personal, talonarios de pago, nóminas, certificaciones emitidas por la entidad y realizó entrevistas a personal del Cuartel General del NPPR y de lDSP.
Si usted conoce actos que puedan representar mal uso de fondos públicos ó constituir corrupción, puede comunicarse confidencialmente con la OIG a través de los siguientes medios: