Más del 90% de los reglamentos de las agencias gubernamentales deben ser revisados según estudio de la OIG

San Juan, Puerto Rico)- La Oficina delInspector General de Puerto Rico (OIG), publicó nuevos hallazgos que revelaronque más del 90 por ciento de los reglamentos legislativos de entidadesgubernamentales del ejecutivo, no han sido revisados conforme a la normativaaplicable. Según un estudio realizado, se identificó el incumplimiento de 78dependencias con la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de ProcedimientoAdministrativo Uniforme (LPAU).

“El estudio reveló que, de los 2,986reglamentos registrados en el Registro Electrónico de Reglamentos delDepartamento de Estado, 2,700 reglamentos no habían sido revisados en más decinco años, incumpliendo la Sección 2.19 de la Ley Núm. 38-2017, que establecela obligación de revisar periódicamente los reglamentos para garantizar quesigan promoviendo la política pública y cumpliendo con la legislación vigente”,apuntó el informe.

Las agencias con mayor cantidad de reglamentospor revisar son el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH); elDepartamento de Hacienda (DH); el Departamento de Agricultura (DA); la Junta dePlanificación (JP); la Administración para el Desarrollo de EmpresasAgropecuarias (ADEA); la Oficina de Administración y Transformación de losRecursos Humanos (OATRH), y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

El informe de la OIG explicó que la falta derevisión de reglamentos podría generar contradicciones con la legislaciónvigente, modificaciones en la política pública o cambios en la estructuragubernamental, afectando la coherencia normativa. Asimismo, indicó que losreglamentos sin revisar podrían dificultar la interpretación y aplicación delas regulaciones que afectan a terceros, lo que podría causar incumplimientosinvoluntarios y afectar derechos y obligaciones.

“La existencia de reglamentos desactualizadosen el Registro Electrónico de Reglamentos del Departamento de Estado impide elacceso a información confiable sobre el marco regulador vigente, afectando larendición de cuentas”, resaltó el resultado del estudio.

Entre las posibles causas del estado actual delos reglamentos, la OIG señaló podría deberse a la falta de procesos formalesen las agencias destinados a la revisión de esta documentación. Al mismotiempo, el documento señaló que la ausencia de mecanismos de monitoreo porparte del Departamento de Estado ha permitido que numerosos reglamentospermanezcan sin revisión por períodos prolongados.

Asimismo, la OIG identificó otras deficienciasen el Registro de Reglamentos del Departamento de Estado, donde variasentidades reportaron discrepancias, incluyendo reglamentos derogados aúnclasificados como vigentes y falta de actualización sobre cambios en laestructura gubernamental. El Departamento de Estado confirmó que el registrodepende de la información provista por las agencias y carece de un mecanismoformal de verificación periódica, lo que afecta la transparencia y generaincertidumbre jurídica.

Al mismo tiempo, la OIG reconoció como partedel estudio la aprobación de las Órdenes Ejecutivas OE-2025-009 y OE-2025-023,promulgadas por la gobernadora de Puerto Rico, Honorable Jenniffer A. GonzálezColón, las cuales establecieron una política pública dirigida a la revisión yactualización de las estructuras gubernamentales y la creación de unCoordinador de Eficiencia que, entre sus funciones, realizará una revisiónabarcadora de procedimientos y regulaciones obsoletas o redundantes,respectivamente.

“Las recomendaciones de la OIG han sidoajustadas a las funciones de preintervención, monitoreo y fiscalización que lecompeten, enfocándose en dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones decada entidad bajo la Orden Ejecutiva, y en velar porque los procesos derevisión y actualización administrativa se realicen con transparencia,efectividad y conforme a los principios de buena gobernanza”, destacó elinforme reconociendo la importancia de la ejecución de lo establecido en laOrden Ejecutiva (OE-2025-023).

Levantan bandera sobre la falta denormativas internas

Por otro lado, la investigación encontródeficiencias en la actualización de normativas internas de áreas operativas yadministrativas. En especial, halló falta de procesos dirigidos a garantizar larevisión de reglamentos no legislativos, tales como manuales, normas y cartascirculares. Asimismo, en otras instancias, la OIG documentó que no existíannormativas para atender aspectos en áreas administrativas.

La OIG detalló que los hallazgos sobre lasnormativas internas surgieron luego de una extensa revisión sobre documentosque regulan procesos de compras, subastas, propiedad y equipo, manejo de flotay uso de vehículos oficiales, contratación de servicios profesionales yconsultivos, junta de directores, pre-intervención de facturas, y manejo dedocumentos fiscales.

“Aunque no existe un mandato legal específicopara la revisión de normativas internas, es una mejor práctica que ladependencia gestione revisiones periódicas para garantizar que estas seanefectivas y relevantes en relación con la política pública delegada a ladependencia gubernamental”, indicó el reporte.

El estudio reveló que hasta 44 entidadespresentaban normativas internas que no habían sido revisadas en un períodorazonable, afectando un total de 327 normativas. Asimismo, 35 entidadescarecían de normativas en una o más áreas operacionales fundamentales. Por otrolado, entre los hallazgos, se identificó que, de las 86 entidades evaluadas,faltaban 216 normativas internas sobre procesos administrativos yoperacionales. La OIG destacó que la ausencia de políticas impide laestandarización de procedimientos, lo que aumenta el riesgo de decisionesdiscrecionales y genera vulnerabilidades en la administración pública.

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