La auditoría estratégica: una nueva visión para la fiscalización pública

Por Ivelisse Torres Rivera, Inspectora General de Puerto Rico

Por años, la palabra “fiscalización” ha causado incomodidad en el ámbito gubernamental. Es común que, cuando se menciona una auditoría o intervención del Inspector General, algunas miradas se crucen con preocupación, e incluso con desconfianza. Esto no es casualidad: la visión tradicional del auditor público ha estado marcada por la imagen de un ente que llega únicamente a buscar errores, señalar fallas o imponer sanciones.  

Sin embargo, esa concepción ya no responde a las necesidades del gobierno moderno. Desde la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico, trabajamos desde la perspectiva delegada a nuestra entidad para continuar procesos de auditoría interna en la Rama Ejecutiva. A raíz de esa oportunidad, estamos promoviendo un cambio de paradigma. Nuestra labor sigue siendo proteger los recursos públicos, identificar riesgos y asegurar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, lo hacemos desde una óptica estratégica, independiente y objetiva, con un enfoque innovador en la prevención.

Desde la OIG, hemos apostado por el desarrollo de las capacidades dentro de las agencias del gobierno. Esto incluye ofrecer adiestramientos en temas como controles internos, administración de fondos públicos, contratación gubernamental, integridad y cumplimiento. Muchas veces, el error no surge de la mala intención, sino del desconocimiento o la falta de herramientas adecuadas. Ahí es donde entra nuestra función preventiva, que persigue construir estructuras institucionales más sólidas y disminuir los riesgos de fallos administrativos.

Eso no significa que renunciemos a nuestras responsabilidades investigativas. Cuando se identifican posibles irregularidades, actuamos con rigor y conforme a la ley. Pero, aún en esos casos, nuestro enfoque es integral: no solo buscamos sancionar, sino entender por qué ocurrió el problema, identificar vulnerabilidades del sistema y proponer medidas correctivas que prevengan su repetición.  

En estos tiempos, ningún organismo puede fiscalizar de forma efectiva en aislamiento. La complejidad de los procesos gubernamentales exige colaboración continua entre entidades fiscalizadoras y reguladoras. Por eso, en la OIG hemos establecido canales de comunicación y coordinación con la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda, y los organismos federales.  

Estas alianzas nos permiten intercambiar información y brindar respuestas más ágiles y certeras a los asuntos que requieren atención inmediata. Es importante dejar claro que la fiscalización moderna no es un ejercicio unilateral. Desde la OIG fomentamos la colaboración y la corresponsabilidad. Por ello, exhortamos a que cada jefe de agencia promueva internamente una cultura de cumplimiento, que establezca controles adecuados, y que atienda con seriedad los señalamientos que surjan. Una agencia que se autoevalúa, que corrige a tiempo y que mantiene comunicación constante con la OIG, fortalece su credibilidad institucional.

Como jefes de agencia, tenemos la responsabilidad indelegable de corregir y atender con compromiso y rigurosidad toda situación señalada por las entidades fiscalizadoras. Actuar con prontitud, y voluntad de mejora continua no solo demuestra integridad institucional, sino que también nos convierte en mejores administradores de los recursos públicos que se nos han confiado.

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Sobre la Inspectora General de Puerto Rico

Ivelisse Torres Rivera, Inspectora General de Puerto Rico, posee un bachillerato en Comunicaciones y dos maestrías en Administración de Empresas, con concentraciones en Contabilidad y Recursos Humanos. Cuenta con certificaciones como Inspectora General Certificada (CIG), otorgada por la Asociación de Inspectores Generales de los Estados Unidos, de la cual forma parte como miembro del Comité Ejecutivo; Examinadora de Fraude Certificada (CFE), otorgada por la Asociación de Examinadores de Fraude y Auditora Certificada en Controles Internos (CICA), otorgada por el Instituto de Auditores Internos. Al mismo tiempo, cuenta con certificaciones como Especialista Técnica Certificada en Hipotecas, Consejera Financiera Personal Certificada y Profesional Certificada en Relaciones Públicas.

Torres Rivera inició su carrera en el ámbito noticioso radial, pero luego transitó al campo de las finanzas y la contabilidad, desempeñándose como asesora legislativa y, posteriormente, como auditora en el sector de las cooperativas. En 2017, fue nombrada Comisionada de Desarrollo Cooperativo del Gobierno de Puerto Rico y presidenta de la Junta de Directores de la Corporación para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec).

En 2019, fue designada como Inspectora General, convirtiéndose en la primera mujer puertorriqueña en ocupar dicho cargo, desde donde continúa aportando a los esfuerzos de lucha contra la corrupción en Puerto Rico.

Sobre la Oficina del Inspector General

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico es un organismo gubernamental comprometido con la promoción de una administración pública eficiente y transparente en Puerto Rico. Nuestra organización se rige por la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico". Nuestro objetivo principal es prevenir y detectar el fraude y promover una sana administración gubernamental. Trabajamos de manera proactiva, realizando estudios, exámenes y evaluaciones necesarias para medir, mejorar y aumentar la efectividad, la eficacia y la economía en el funcionamiento de las entidades gubernamentales. Además, asesoramos a las agencias en el desarrollo de procedimientos gerenciales que promuevan la economía y la eficiencia en la administración pública.

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