Contrato de $1 dólar en Salud representaría más de $9 millones en ingresos para contratista

(San Juan, Puerto Rico) – Una intervención de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó deficiencias en los procesos de contratación de servicios tecnológicos e informáticos del Departamento de Salud (DS), entre ellas la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar al proveedor de la plataforma digital Salud Digital. Aunque el contrato pactado establece un pago nominal de $1.00 anual por parte del Gobierno, el proveedor puede cobrar directamente a la ciudadanía cargos por procesamiento y generar ganancias millonarias durante la vigencia del contrato.

El examen, que cubrió el período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025, identificó ausencia de un proceso competitivo parala selección del proveedor; acceso del contratista a documentos, procesos y personal gubernamental antes de la formalización del contrato; y formalizaciónde contratos en contraposición a las normativas aplicables.

El informe señala que el valor económico de la contratación no debe evaluarse únicamente a partir del desembolso nominal del Gobierno, sino considerando también los ingresos derivados de los cargos porprocesamiento cobrados directamente a los ciudadanos.

En octubre de 2025, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) recomendó al Departamento de Salud (DS) realizar un proceso competitivo en un plazo de 90 días para promover la competencia, evitar la apariencia de irregularidades y aumentar la confianza pública en la contratación gubernamental. Posteriormente, el propio DS certificó a la OIG quede sus expedientes no surgía un proceso competitivo para esta contratación, yargumentó que tampoco era necesario por tratarse de un pago nominal anual de$1.00.

No obstante, la JSAF estimó el valor real del contrato en aproximadamente $7.5 millones. Por su parte, utilizando datos históricos detransacciones de la plataforma predecesora, la OIG proyectó que el proveedorpodría generar aproximadamente $9 millones en cargos por procesamiento durantela vigencia del contrato.

El examen también señaló que la estructura de cargos puede representar una carga proporcionalmente mayor en transacciones de menorcuantía. Por ello, la Oficina del Inspector General (OIG) recomendó al Departamento de Salud (DS) realizar un análisis de proporcionalidad tarifaria. Además, la agencia fiscalizadora identificó que delexpediente examinado no surgía evidencia de un proceso abierto y competitivo,de la publicación de la necesidad de los servicios ni de la evaluación de propuestas conforme a los parámetros aplicables, aun cuando el contratocontenía una certificación de cumplimiento.

Como parte de sus recomendaciones, la OIG dispuso quese establezca un mecanismo para verificar, antes de su incorporación alcontrato, toda certificación de cumplimiento, de manera que reflejeadecuadamente la realidad del proceso de contratación.

“La transformación digital del Gobierno debe estaracompañada de controles que garanticen transparencia, competencia y proteccióndel interés público. Cuando un servicio tecnológico se sostiene mediante cargospagados directamente por los ciudadanos, resulta indispensable evaluar el verdadero valor económico de la contratación y asegurar procesostransparentes”, expresó la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.

La intervención también reveló que, desde febrero de 2025, antes deformalizarse el contrato el 19 de mayo de 2025, el proveedor solicitóinformación operacional detallada al Departamento de Salud (DS), incluyendo requisitos, certificaciones, costos, estructuras de tablas y otros elementos necesariospara la configuración de la plataforma.

Según la documentación examinada, personal del Departamento de Salud (DS) participó en reuniones, completó plantillas, corrigió información y remitió versiones revisadas al proveedor. La OIG determinó que estas actuacionesgeneraron riesgos para la competencia, la transparencia y la independencia delproceso de contratación. El examen también identificó deficiencias relacionadascon el Registro de Proveedores de Tecnología, la póliza de ciberseguridad y losmecanismos de revisión contractual y certificación previa.

En una contratación distinta examinada, relacionada con la plataforma tecnológica del Sistema de Elegibilidad e Inscripción de Medicaid de Puerto Rico (MEDITI3G), la OIG también identificó situacionesrelacionadas con la formalización de contratos y enmiendas en contraposición alas normativas aplicables.

El examen determinó que varias enmiendas no fueron sometidas para la evaluación y autorización tecnológica que correspondía, y que en los expedientes examinados faltaban documentos y certificaciones requeridos previo a la formalización contractual. Estas situaciones expusieron al DS a riesgos relacionados con la validezcontractual, el cumplimiento regulatorio y la capacidad de acreditar posteriormente que cada contratación cumplió con las obligaciones legales aplicables.

El Departamento de Salud tuvo oportunidad de responder a los hallazgos. La Oficina del Inspector General (OIG) evaluó los comentarios y la evidencia presentada antes de completar elinforme y determinó que los señalamientos incluidos se sostienen y requierenacciones correctivas formales.

Como resultado del examen, la Oficina del Inspector General (OIG) emitió ocho recomendaciones dirigidas afortalecer los procesos de contratación del Departamento de Salud. Entre ellas, recomendó dar cumplimiento a la recomendación de la JSAF de realizar un procesocompetitivo para los servicios provistos bajo el contrato con el proveedortecnológico; realizar un análisis de proporcionalidad tarifaria; y establecermecanismos para verificar las certificaciones de cumplimiento antes deformalizar las contrataciones.

La Oficina del Inspector General (OIG) también recomendó que toda coordinación técnica, análisis funcionaly revisión de documentos operacionales se realice únicamente después de que elcontrato esté firmado, certificado y debidamente registrado, con el propósitode mitigar riesgos legales y evitar inequidades entre suplidores.

De igual manera, recomendó fortalecer los controles administrativos, legales y tecnológicos; garantizar que los contratos y enmiendas de servicios tecnológicos sean sometidos a la evaluación y autorización de PRITS cuando corresponda; y asegurar que los documentos y certificaciones requeridos sean obtenidos, verificados e incorporados al expediente antes de la formalización del contrato o enmienda. La OIG dará seguimiento a la implantación de las medidas correctivas correspondientes.

Sobre la Oficina del Inspector General

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico es un organismo gubernamental comprometido con la promoción de una administración pública eficiente y transparente en Puerto Rico. Nuestra organización se rige por la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como la "Ley del Inspector General de Puerto Rico". Nuestro objetivo principal es prevenir y detectar el fraude y promover una sana administración gubernamental. Trabajamos de manera proactiva, realizando estudios, exámenes y evaluaciones necesarias para medir, mejorar y aumentar la efectividad, la eficacia y la economía en el funcionamiento de las entidades gubernamentales. Además, asesoramos a las agencias en el desarrollo de procedimientos gerenciales que promuevan la economía y la eficiencia en la administración pública.