La OIG evaluó alegaciones sobre un contratista que, mientras tenía contratos con ASSMCA, también elaboró propuestas para otras entidades (como el Municipio de San Juan y el Departamento de la Familia) a través de su empresa. Aunque se identificaron vínculos entre las partes, no se hallaron violaciones legales o reglamentarias. Se recomendó reforzar controles sobre conflictos de interés.