La Oficina del Inspector General examinó alegaciones de conflicto de interés relacionadas con servicios de asesoría legal provistos a la Autoridad de Carreteras y Transportación. La revisión incluyó contratos, documentación administrativa y procesos de reclutamiento. No se encontraron elementos suficientes para justificar una investigación formal, aunque se identificaron debilidades en los mecanismos para evaluar compatibilidad de funciones cuando un contratista posee múltiples contratos. Se recomienda establecer controles formales que permitan prevenir conflictos de interés y fortalecer la sana administración pública.

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