La Oficina del Inspector General de Puerto Rico realizó una evaluación preliminar del planteamiento PQI‑26‑1099 relacionado con alegadas irregularidades en la Junta de Libertad Bajo Palabra. Las alegaciones incluían aumentos salariales irregulares, designaciones interinas cuestionables, diferenciales por favoritismo, autorizaciones irregulares de teletrabajo y manejo de licencias. Se validó que los aumentos salariales examinados fueron otorgados conforme a la Ley 8‑2017, y que no hubo pagos de diferenciales durante el periodo evaluado. Sin embargo, se identificaron deficiencias administrativas en los expedientes de personal, particularmente en la documentación del teletrabajo. La OIG emitió recomendaciones para fortalecer controles, formalizar procedimientos y remitir el asunto al Área de Pre‑Intervención y Exámenes para evaluación adicional

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