La Oficina del Inspector General (OIG) evaluó una alegada divulgación no autorizada de datos del estudio Consulta Juvenil, financiado por ASSMCA, publicados en un periódico. Se analizaron contratos, comunicaciones y entrevistas. No se identificó la fuente de la filtración ni se atribuyó responsabilidad a contratistas. Se detectó ausencia de procedimientos formales para regular el acceso y divulgación de datos no publicados. La OIG recomienda a ASSMCA formalizar controles escritos y mecanismos de trazabilidad para la autorización y entrega de información. La intervención concluye sin determinar si el acceso de los medios fue autorizado, pero deja abierta la posibilidad de acciones futuras si surge nueva información.

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