La Oficina del Inspector General (OIG) asignó un auditor para revisar la existencia de propiedad que pudiera ser declarada excedente en las facilidades de la Autoridad de Tierras en el Municipio de Santa Isabel. La evaluación determinó que no había propiedad perteneciente a ADEA que requiriera ser clasificada como excedente. Aunque no se trató de una auditoría formal, la intervención fue documentada para futuras referencias. El informe reafirma el compromiso de la OIG con la transparencia, la integridad y la eficiencia en el servicio público.