A solicitud de la entonces secretaria interina del Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General (OIG) asignó auditores para observar el proceso de disposición de propiedad excedente en la antigua sede del Departamento en Miramar. El proceso se llevó a cabo entre el 8 de febrero y el 30 de diciembre de 2021, bajo una dispensa emitida por la Administración de Servicios Generales (ASG) en 2019 para la destrucción de propiedad inservible por emergencia. Se dispuso de un total de 27,209 unidades de propiedad. La OIG concluyó que el proceso se realizó conforme a las leyes y reglamentos aplicables. Aunque no fue una auditoría formal, la intervención fue documentada para futuras referencias. El informe reafirma el compromiso con la transparencia, la eficiencia y la integridad en el servicio público.