La Oficina del Inspector General (OIG) llevó a cabo una investigación sobre el NMEAD tras recibir dos alegaciones: (1) delegación indebida de funciones a empleados no autorizados, incluyendo el uso de credenciales de acceso a sistemas exclusivos del director, y (2) uso indebido de vehículos oficiales fuera del horario laboral para fines personales. La investigación reveló que estas prácticas violaban la Orden Administrativa DSP-2022-OA-022 y la Ley Núm. 8-2017, resultando en un gasto cuestionable de $1,311.32 en fondos públicos. También se identificaron deficiencias en los expedientes de personal, como la falta de evaluaciones de desempeño y documentación actualizada. La OIG emitió recomendaciones para corregir estas fallas y fortalecer los controles internos.
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