La Oficina del Inspector General (OIG) realizó un estudio para evaluar la eficiencia y efectividad de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) en el manejo del tiempo en la resolución de querellas, cumplimiento de órdenes judiciales y atención de solicitudes de servicios. El estudio abarcó del 1 de julio de 2021 al 7 de junio de 2024. Se identificaron deficiencias en la gestión de casos, demoras en los procesos y falta de cumplimiento con términos establecidos. La DPI tiene la responsabilidad de fiscalizar y promover los derechos de las personas con impedimentos, erradicar el discrimen y garantizar condiciones adecuadas en instituciones. La OIG emitió recomendaciones para mejorar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento de su misión.