El informe OIG-QI-26-011 documenta una investigación sobre la Junta Reglamentadora del Servicio Público (JRSP), iniciada tras recibir un planteamiento sobre posibles irregularidades en la contratación de servicios profesionales y consultivos. La OIG identificó deficiencias significativas en los procesos de contratación, como la ausencia de criterios uniformes para evaluar propuestas, falta de documentación que justifique las decisiones tomadas, y posibles conflictos de interés. Además, se detectaron contratos adjudicados sin evidencia de procesos competitivos ni cumplimiento con la reglamentación vigente. La investigación concluyó que estas prácticas podrían constituir violaciones administrativas, éticas e incluso penales. La OIG recomendó fortalecer los controles internos, establecer procesos de contratación más rigurosos y asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables para garantizar la transparencia y el uso adecuado de fondos públicos.