El informe OIG-QI-26-009 detalla una investigación sobre contratos de servicios profesionales otorgados por el Departamento de Educación (DE) para adiestramientos y desarrollo profesional financiados con fondos federales (Título I, II y III de la Ley ESEA). Se identificaron dos hallazgos principales: (1) los contratos carecían de cláusulas esenciales y no cumplían con las normativas de contratación gubernamental, y (2) los proveedores no estaban registrados en el Registro Único de Proveedores (RUP), lo cual es un requisito obligatorio. Estas deficiencias comprometen la validez de los contratos y la transparencia del proceso. La OIG concluyó que estas acciones podrían constituir violaciones legales y recomendó revisar los procesos de contratación, asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer los controles internos para proteger los fondos públicos.