La OIG evaluó a la AEP y encontró irregularidades en los procesos de arrendamiento a entidades privadas, ausencia de contratos vigentes, falta de registro oportuno ante OCPR, deficiencias significativas en documentación, controles y estructura organizacional. Identificó ingresos dejados de recibir por $258,578.28 y costos cuestionables de $322,087.12 por consumo de agua y energía en estructuras cerradas. El informe resalta la ausencia de mantenimiento preventivo, discrepancias en inventarios de propiedades cerradas y falta de reglamentación actualizada. La OIG concluye que persisten debilidades en procesos administrativos, legales y operacionales, e incluye recomendaciones para corregir fallas y garantizar el cumplimiento de leyes aplicables.

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