La OIG investigó alegaciones sobre un funcionario de la AAA que utilizaba un vehículo oficial para transportarse desde un cuartel policial hasta su lugar de trabajo. Aunque no se hallaron violaciones éticas o penales, se identificaron deficiencias en los controles internos y falta de documentación adecuada sobre el uso del vehículo. Se recomendó concluir el trámite administrativo.