El informe OIG-QI-26-008 documenta una investigación sobre una exfuncionaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quien presuntamente mantenía contratos de servicios profesionales con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otras agencias, a través de su empresa privada, mientras ocupaba un puesto de confianza en el DTOP. La investigación reveló que no existía constancia de una dispensa emitida por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), lo que podría constituir un conflicto de interés y una violación a la Ley de Ética Gubernamental. Además, la exfuncionaria participaba en comités de infraestructura del gobierno, lo que aumentaba el riesgo de uso indebido de información privilegiada. La OIG concluyó que las acciones observadas podrían representar violaciones legales y éticas, y recomendó fortalecer los controles internos, revisar los procesos de contratación y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de ética pública.