La Oficina del Inspector General (OIG) emitió una Determinación y Orden al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y a la Policía de Puerto Rico (PPR) tras detectar incumplimientos relacionados con pagos de horas extras y licencias indebidas entre 2022 y 2025. La orden exige la restitución de fondos, suspensión de pagos no justificados y certificación de acciones de recobro. Aunque el DSP respondió parcialmente, la OIG determinó que hubo un error de forma en la fecha límite original, pero este no altera el fondo de la orden. Se les concede hasta el 1 de octubre de 2025 para cumplir, bajo advertencia de sanciones administrativas y judiciales.