La OIG identificó múltiples deficiencias en contratos del DCR, incluyendo pagos por servicios no incluidos, falta de reglamentos y documentos contractuales incompletos. Se ordena detener pagos pendientes hasta que se presenten facturas e informes conforme a la regulación, iniciar acciones de recobro por pagos indebidos bajo contratos específicos, y presentar certificaciones de cumplimiento. La medida busca asegurar el uso adecuado de fondos públicos y corregir deficiencias administrativas.