La ponencia respalda enmiendas que obligan a divulgar bajo juramento si existen acuerdos de subcontratación, comisiones, o beneficios indirectos en contratos con el gobierno. También se propone que estos subcontratos se registren en la Oficina del Contralor. La OIG destaca que estas medidas combaten la corrupción y promueven la confianza pública.