La ponencia analiza el Proyecto del Senado 1661, que propone enmendar la Ley Núm. 5 de 1955 para reconocer la validez legal de documentos públicos en formato electrónico o digital. La OIG respalda la medida como un paso hacia la modernización tecnológica del gobierno y la eficiencia administrativa, y destaca su compatibilidad con leyes como la Ley de Gobierno Electrónico y la Ley de Transacciones Electrónicas.