La Ley PROMESA fue aprobada por el Congreso de EE. UU. para atender la crisis fiscal de Puerto Rico. Crea la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), con autoridad sobre el presupuesto, legislación, contratos y emisión de deuda del gobierno local. Establece procesos para la reestructuración de deuda (Títulos III y VI), medidas de disciplina fiscal (Título II), y revitalización de infraestructura (Título V). La JSF puede revisar leyes, vetar presupuestos y controlar transacciones financieras. PROMESA ha sido objeto de controversia por su impacto sobre la autonomía del gobierno puertorriqueño y su enfoque en la austeridad.