Esta ley crea una estructura centralizada para la adquisición de bienes y servicios no profesionales en el Gobierno de Puerto Rico. Deroga el Plan de Reorganización Núm. 3 de 2011 y otorga a la ASG autoridad para establecer políticas, procesos y controles en las compras públicas. Busca prevenir la corrupción, fomentar la competencia y garantizar el uso eficiente de los fondos públicos.

‍