La Ley Núm. 60-2014 establece una política pública para el uso responsable de vehículos oficiales en el Gobierno de Puerto Rico. Prohíbe que jefes de agencia y funcionarios públicos utilicen vehículos oficiales fuera de la jornada laboral, salvo en casos justificados como funciones de seguridad pública. La medida responde a la necesidad de reducir gastos gubernamentales y fomentar la prudencia en el uso de recursos. Se exceptúa al Secretario de Estado por la naturaleza de su cargo. La ley también enmienda artículos del Plan de Reorganización 3-2011 para armonizar su aplicación.