La Ley adopta un nuevo Código Civil para Puerto Rico, sustituyendo el vigente desde 1930. Esta reforma integral responde a la necesidad de actualizar las normas jurídicas que regulan las relaciones entre personas, incluyendo temas como el matrimonio, la filiación, los contratos, la propiedad, las sucesiones y la capacidad jurídica. El nuevo código incorpora avances doctrinales y jurisprudenciales, reconoce nuevas realidades sociales y tecnológicas, y busca mayor claridad, coherencia y accesibilidad en el lenguaje legal. También introduce cambios significativos en derechos de familia, consentimiento informado, contratos electrónicos y responsabilidad civil.