La Ley Núm. 48-2013 surge como respuesta a la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Establece una aportación especial de 1.5% sobre contratos de servicios profesionales, consultivos, publicidad, adiestramiento u orientación, excluyendo a entidades sin fines de lucro y municipios. También enmienda la Ley Núm. 221 de 1948 para aumentar la proporción de máquinas en los casinos y reestructurar la distribución de sus ganancias. La ley busca allegar fondos al Fondo General sin afectar directamente a los ciudadanos, y establece controles administrativos para mantener tarifas contractuales razonables.