La Ley Núm. 3-2014 establece que toda persona que aspire a ser contratada para servicios profesionales o consultivos, o a ser nombrada en las Ramas Ejecutiva, Legislativa o Judicial del Gobierno de Puerto Rico, debe certificar que no está en incumplimiento con la Ley 168-2000. Esta última ley busca garantizar el sustento de personas de edad avanzada mediante la responsabilidad de sus familiares. La medida responde a la necesidad de proteger a una población vulnerable ante el aumento del costo de vida y la pobreza, promoviendo la responsabilidad social y familiar.
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