La Ley Núm. 237-2004 tiene como propósito establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o consultivos por parte de agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto Rico. Excluye a la Rama Judicial y Legislativa. La ley surge como respuesta a controversias sobre favoritismo político en la otorgación de contratos. Establece definiciones claras, criterios de necesidad, y promueve la transparencia, equidad y eficiencia en la selección de contratistas. También faculta al Contralor a fiscalizar estos procesos y provee mecanismos para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos.