La Ley Núm. 235-2014 establece como política pública que el Gobierno de Puerto Rico debe utilizar prioritariamente sus propios inmuebles antes de arrendar o adquirir propiedades privadas. Para implementar esta política, se crea la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, compuesta por funcionarios clave del gobierno. Esta Junta evalúa y autoriza toda transacción de arrendamiento o compra de inmuebles por parte de agencias públicas. Además, debe crear un inventario oficial de propiedades públicas y desarrollar un plan de rehabilitación de estructuras abandonadas o deterioradas para su reutilización.