Esta ley establece una política pública de cero tolerancia a la corrupción. Crea el Grupo Interagencial Anticorrupción, amplía protecciones a denunciantes, y deroga múltiples leyes previas. Define actos de corrupción como sobornos, tráfico de influencias, malversación, entre otros. Aplica a todos los funcionarios y contratistas del gobierno, y establece consecuencias administrativas y penales por incumplimiento.