La Ley Núm. 18-1975 establece que todas las entidades gubernamentales y municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deben mantener un registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo enmiendas, y remitir copia a la Oficina del Contralor dentro de un plazo específico. Esta ley deroga la Ley Núm. 114 de 1973 y busca mejorar la fiscalización y transparencia en la contratación pública. También faculta al Contralor a reglamentar el proceso y establece sanciones por incumplimiento.