La Ley Núm. 146-2012 adopta un nuevo Código Penal para Puerto Rico, derogando el vigente desde 2004. Surge como respuesta a críticas sobre la falta de claridad, proporcionalidad y efectividad del código anterior. El nuevo código busca reflejar los valores actuales de la sociedad puertorriqueña, establecer penas más realistas y uniformes, y mejorar la administración de justicia penal. Se fundamenta en principios de legalidad, proporcionalidad y prevención, y pretende fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.