La Ley Núm. 129-2005 crea un marco legal para que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reserve una porción de sus compras para pequeños y medianos comerciantes de capital local. Esta política busca estimular la economía local, fomentar la creación de empleos y fortalecer el capital humano puertorriqueño. Inspirada en modelos federales como los programas “set aside”, la ley reconoce al gobierno como un consumidor clave y promueve su rol activo en el desarrollo económico. También establece criterios de elegibilidad y mecanismos de fiscalización para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones.