Esta ley crea la Oficina de Ética Gubernamental como entidad autónoma encargada de promover la integridad en el servicio público. Define el proceso de nombramiento de su director, las funciones de los comités de ética, el Código de Ética aplicable a los servidores públicos, y las sanciones por violaciones. También regula los informes financieros, conflictos de interés, y establece el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético como herramienta educativa.

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