Esta ley establece la política pública de integridad y eficiencia gubernamental. Crea la OIG como entidad independiente con facultades para auditar, investigar, emitir directrices y sancionar administrativamente. Transfiere las funciones de auditoría interna de agencias y corporaciones públicas a la OIG. También le otorga autoridad para coordinar esfuerzos anticorrupción y promover la sana administración pública.

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