Proporciona un marco normativo para la realización de auditorías en entidades gubernamentales. Incluye principios éticos, independencia, competencia profesional, control de calidad, documentación, y requisitos específicos para auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño. Es obligatorio para auditores que realizan trabajos conforme a normas gubernamentales, incluyendo Puerto Rico.
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