Esta carta circular establece la obligación de las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico de entregar información financiera auditada y otra documentación relacionada. El objetivo es cumplir con la Ley Núm. 230-1974 y la política pública de sana administración fiscal. Se requiere la entrega de planes de trabajo, certificaciones, conciliaciones bancarias, y evidencia de cierres contables. El incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas, multas y otras medidas disciplinarias conforme a la Ley Núm. 15-2017 y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.