Esta carta circular conjunta establece que todas las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico deben remitir información financiera auditada y otra documentación relacionada para cumplir con la Ley 230-1974. Se enfatiza la responsabilidad de los directores financieros y se recuerda que el Secretario de Hacienda, como Principal Oficial Financiero (CFO), tiene la autoridad para centralizar y coordinar estos esfuerzos. La OIG, por su parte, velará por el cumplimiento de esta obligación como parte de su mandato bajo la Ley 15-2017. El incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas.
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